El derecho positivo se define como el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas por un ente legislativo específico, como el Congreso o Parlamento, y que se encuentran formalmente establecidas en documentos legales como la Constitución de un país o códigos de leyes. Este tipo de derecho, a diferencia del natural o del consuetudinario, no emana de la moral o la tradición, sino que es producto de un acuerdo social y jurídico que busca organizar la convivencia y garantizar la paz en la sociedad.
Una característica fundamental del derecho positivo es su coercibilidad, lo que significa que tiene la facultad de imponerse y cumplirse, llegado el caso, a través de la fuerza de instituciones estatales. Además, para que sea efectivo, debe cumplir con la característica de ser público, es decir, todas las personas deben tener acceso al conocimiento de estas normas. El derecho positivo se caracteriza también por su constante evolución, ya que se reforma y adapta de acuerdo a los cambios y necesidades de la sociedad que regula.
En su aplicación en distintos sistemas jurídicos, el derecho positivo puede variar considerablemente. Cada país cuenta con su propia estructura normativa y procesos legislativos que dan forma a su derecho positivo. Sin embargo, siempre mantiene su esencia de ser un marco legal que organiza y facilita la resolución de conflictos dentro de una sociedad. Las leyes positivas incluyen reglamentaciones sobre la conducta de los ciudadanos, las operaciones del gobierno y las instituciones estatales, y las libertades individuales.
Definición de derecho positivo
El derecho positivo consiste en todas esas normas y leyes concretas que una sociedad establece formalmente para ordenar su convivencia. Dicha normativa es creada por entidades con poder legislativo, como el Congreso, y se materializa en documentos legales como la Constitución y distintos códigos que regulan aspectos específicos de la vida en comunidad.
Una característica fundamental del derecho positivo es su capacidad coercitiva. Esto significa que, a diferencia de otros tipos de derecho, como el natural o el consuetudinario, el derecho positivo tiene herramientas para obligar a las personas a cumplir las leyes, incluso si para ello se requiere el uso de la fuerza a través de las instituciones estatales como la policía o el sistema judicial. Además, su formalidad y accesibilidad para el conocimiento público otorgan una estructura clara de lo que está permitido y lo que no en un contexto social.
El proceso de evolución y adaptación es constante en el derecho positivo, lo que le permite responder a los cambios en la sociedad y garantizar que las leyes sigan siendo relevantes y efectivas. Por esta razón, las legislaturas a menudo introducen nuevas leyes y enmiendan o derogan las existentes, asegurando que el marco legal se mantenga al día con las necesidades actuales y futuras de la comunidad.
Finalmente, es crucial reconocer que el marco de convivencia establecido por el derecho positivo apunta a la construcción de un entorno de justicia y equidad. Las leyes y normas positivas buscan resolver conflictos, regular el comportamiento de los ciudadanos y los actos del gobierno, así como proteger las libertades individuales, contribuyendo a una sociedad ordenada y pacífica.
Características del derecho positivo
Una de las características fundamentales del derecho positivo es su cualidad coercitiva. Es decir, no se trata simplemente de recomendaciones o consejos, sino de normas que tienen un carácter obligatorio y que son impuestas por el Estado mediante su poder. Este aspecto es crucial pues permite que las leyes se cumplan, y en caso de no hacerlo, existen sanciones aplicables que buscan mantener el orden y la justicia en la sociedad.
Otro aspecto a destacar es la necesidad de que estas normas sean conocidas por todos los ciudadanos a los que se aplican. De nada serviría un compendio de leyes y regulaciones si nadie supiera de su existencia, por eso es clave que estén documentadas y sean accesibles para la población. La transparencia y publicidad de las leyes evita la ignorancia y facilita su cumplimiento.
Por otra parte, la adaptabilidad y evolución constante son rasgos distintivos del derecho positivo. Al estar en continua revisión, las leyes pueden actualizarse para reflejar los cambios en las normas sociales y las nuevas necesidades que surgen con el paso del tiempo. Así, se asegura que el marco legal sea relevante y eficaz frente a la realidad de la sociedad a la que sirve.
En cuanto a su estructuración, el derecho positivo se divide en derecho público y derecho privado. En el primero encontramos áreas como el derecho constitucional y penal, mientras que en el segundo, tenemos al derecho civil y mercantil. Esta división permite una organización más clara del sistema legal y facilita una aplicación más especializada de la ley en diferentes contextos de la vida de las personas.
El derecho positivo y su aplicación
La aplicación del derecho positivo inicia con el reconocimiento de las leyes vigentes, es decir, aquellas que han sido promulgadas por el órgano legislativo correspondiente y que se encuentran en pleno uso y efecto. En México, esto se ve reflejado en el cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Constitución y las diversas leyes federales y locales. Por ejemplo, cuando una persona acude a un tribunal para resolver una disputa legal, está haciendo uso del derecho positivo, puesto que se aplicarán las normas específicas que rigen la materia en cuestión.
Los procedimientos comunes incluyen la creación de leyes y reglamentos, la administración de justicia y la regulación de la conducta ciudadana. En el ámbito legislativo, el proceso implica la discusión, aprobación y promulgación de las leyes. Mientras tanto, en los tribunales, los jueces interpretan y aplican estas leyes para resolver conflictos y emitir sentencias, guiados siempre por los principios del derecho que buscan la equidad y la justicia social.
Además, la práctica del derecho positivo abarca el cumplimiento de regulaciones por parte de los ciudadanos y organizaciones. Por ejemplo, las entidades gubernamentales hacen valer normativas como el código fiscal para la recaudación de impuestos o las leyes laborales que protegen los derechos de los trabajadores. En este sentido, existe una relación directa entre las autoridades y la población, que debe ajustar su conducta a lo que dictaminan las leyes vigentes.
El derecho positivo en México
El derecho positivo en México está conformado por todas esas normas y leyes que han sido establecidas de manera oficial por los órganos legislativos. Entre ellas se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema de nuestro país y que rige no solo la convivencia entre ciudadanos, sino también la organización y las atribuciones de los poderes del Estado. Este conjunto de normas determina las bases para resolver conflictos y para establecer los derechos y obligaciones de la gente y las autoridades.
La implementación del derecho positivo se lleva a cabo a través de un sistema jurídico estructurado, el cual se divide en dos ramas principales: el derecho público y el derecho privado. El derecho público incluye subramas como el derecho administrativo, penal, constitucional e internacional público y se enfoca en las relaciones entre los individuos y las entidades estatales. Por otro lado, el derecho privado abarca el derecho civil, laboral, mercantil y rural y se centra en las relaciones entre particulares. Para ejemplificar, tenemos leyes específicas como el Código Civil, que regula las relaciones personales y de propiedad, o el Código Penal, que define los delitos y las sanciones aplicables.
Además, para que una norma sea considerada parte del ordenamiento jurídico mexicano, debe cumplir con ciertos requisitos: tiene que estar escrita, ser publicada y difundida oficialmente, y haber sido creada por una autoridad legislativa competente. La vigencia de estas normas implica que deben ser actuales, no estar derogadas por normativas más recientes, y ser aplicables al caso concreto. Es importante destacar que el derecho positivo es dinámico y puede cambiar según las necesidades y circunstancias sociales, lo que se refleja en las constantes reformas a las leyes y códigos existentes.
Para garantizar que se cumplan estas normas, existen diversas instituciones y procedimientos. Uno de los más importantes es el proceso legislativo, establecido en la propia Constitución, que describe los pasos para crear, modificar o derogar las leyes. Este proceso permite adaptar el marco legal a la realidad cambiante de México, manteniendo así un sistema de derecho positivo vigente y acorde a los tiempos que vivimos.
¿Quiénes ejercen el derecho positivo?
El ejercicio del derecho positivo corre a cargo de varias entidades y organismos dentro del Estado. En México, específicamente, es responsabilidad del Poder Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el diseñar, modificar y aprobar las leyes que conforman este cuerpo normativo. Estas leyes se encuentran en sintonía con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el documento que rige las bases del ordenamiento legal del país.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, tiene la función de aplicar y hacer cumplir estas leyes. Y el Poder Judicial, que incluye a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales, se encarga de interpretar las leyes y resolver los conflictos que se deriven de estas. Estos poderes actúan en coordinación bajo el principio de división de poderes, lo que busca garantizar un equilibrio y evitar abusos en el ejercicio del derecho positivo.
A nivel local, los gobiernos estatales y municipales también ejercen el derecho positivo, mediante congresos estatales y ayuntamientos que se encargan de legislar en materias de su competencia. Además, las autoridades administrativas y cuerpos de seguridad, como la policía, ejercen un papel fundamental en la aplicación cotidiana de las normas, asegurando que se respeten las leyes y se mantenga el orden público.
Los ciudadanos también son partícipes en el ejercicio del derecho positivo, ya que tienen el deber de conocer las leyes y el derecho de exigir que se cumplan. Así mismo, pueden participar en la creación del derecho positivo a través de iniciativas populares o el voto en elecciones y consultas. En este sentido, la sociedad civil juega un rol activo en el fortalecimiento del Estado de derecho.
¿Qué es la positividad en el derecho?
La positividad en el derecho, también conocida como derecho positivo, es el término utilizado para describir el conjunto de normas y leyes que han sido formalmente creadas y sancionadas por las autoridades legales de un país, como el congreso o parlamento. Esto engloba la Constitución, los códigos y las reglamentaciones que tienen como fin organizar y controlar las relaciones sociales, así como establecer las bases para la resolución de conflictos. A diferencia de otros tipos de derecho, como el natural o el consuetudinario, el derecho positivo es oficial y está escrito.
Dentro del ámbito teórico, la filosofía del derecho positivo sostiene que la validez de una norma jurídica no depende de su contenido moral o de su justicia, sino de que haya sido establecida conforme a los procedimientos estipulados en el sistema legal correspondiente. En este sentido, se considera al derecho positivo como un constructo humano, sujeto a cambios y evolución de acuerdo con la voluntad de la sociedad y sus representantes.
Entre las características principales del derecho positivo destacan:
- Es de creación humana, a través de los organismos legislativos.
- Las normas son de cumplimiento obligatorio para todos los miembros de la sociedad.
- Posee un carácter mutable, es decir, se puede modificar o derogar si así se decide mediante los procedimientos legalmente establecidos.
- Tiene como objetivo principal establecer un orden social y facilitar la convivencia pacífica.
Así, la positividad en el derecho se manifiesta en la aplicación de las leyes vigentes, que son expresiones concretas del pacto social en el que se asienta una comunidad. Al ser un sistema legal que se puede adaptar con el tiempo, permite responder a las nuevas necesidades y problemáticas que van surgiendo en la sociedad.
Derecho positivo y derecho natural
La diferencia fundamental entre el derecho positivo y el derecho natural radica en su origen y propósito. El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas que surgen de las decisiones deliberadas de las autoridades legislativas, como el Congreso o Parlamento, las cuales buscan ordenar la vida en sociedad. Estas normas son escritas y obligatorias, y su cumplimiento es vigilado y sancionado por el Estado. Por su parte, el derecho natural se asienta en la idea de que existen principios universales de justicia inherentes a la naturaleza humana, independientes de cualquier legislación humana y que sirven de base para cuestionar o legitimar el derecho positivo.
Desde la perspectiva del iuspositivismo, que sustenta al derecho positivo, las leyes deben ser obedecidas no necesariamente por ser justas sino por ser legales y estar establecidas por un ordenamiento jurídico reconocido. En contraste, el iusnaturalismo, que aboga por el derecho natural, defiende que las leyes deben ser seguidas si se alinean con esos principios morales y éticos considerados universales. Mientras que el derecho positivo puede ser modificado por la sociedad a través de reformas legislativas, el derecho natural es visto como inmutable y eterno.
Otra diferencia clave es la variabilidad geográfica y temporal del derecho positivo, ya que éste cambia de acuerdo a la cultura y la época, adaptándose a las circunstancias y necesidades de cada comunidad. En cambio, el derecho natural es entendido como algo constante que trasciende fronteras y generaciones, y que debería servir de criterio para juzgar la equidad y justicia de las leyes positivas. Así, el derecho positivo está estrechamente ligado a la realidad socio-política de cada país, mientras que el derecho natural se relaciona con una perspectiva moral y filosófica que busca los fundamentos últimos del derecho en general.
La relación entre derecho positivo y derecho natural a veces resulta conflictiva cuando se percibe que una ley impuesta por el Estado contradice los principios del derecho natural. En esos casos, se abren debates jurídicos y éticos sobre la legitimidad de ciertas normas y su reforma en pos de un ideal de justicia más acorde con la percepción universal de los derechos humanos. Aunque desde distintas opticas, tanto el derecho positivo como el derecho natural buscan facilitar y mejorar la convivencia humana, sin embargo, cada uno lo hace desde su propio entendimiento sobre la fuente y función del derecho.
El derecho positivo y los derechos humanos
La relación entre el derecho positivo y los derechos humanos es fundamental en el desarrollo de una sociedad que busca la equidad y la protección de sus ciudadanos. En México, los derechos humanos se encuentran recogidos y garantizados por la Constitución, siendo esta el más alto cuerpo de derecho positivo del país. Dicho marco legal establece mecanismos de protección, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. Es por medio de estas herramientas que el derecho positivo abraza la responsabilidad de salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas.
Por otro lado, puede haber conflictos y desafíos en la aplicación conjunta del derecho positivo y los derechos humanos. Las leyes pueden quedarse cortas ante situaciones particulares o bien, pueden surgir interpretaciones legales que pongan en riesgo la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano cuenta con procedimientos para la actualización y revisión de leyes que puedan entrar en conflicto con los derechos humanos, como la figura del amparo y la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice una revisión de constitucionalidad de normas y actos de autoridad.
El futuro del derecho positivo
Ante los desafíos actuales de nuestra sociedad, el derecho positivo se encuentra en constante evolución para responder a la dinámica de cambios sociales, tecnológicos y económicos. Las leyes que hoy conocemos podrían requerir actualizaciones o la creación de nuevas normativas para abordar cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la protección de datos personales. Así, el futuro del derecho positivo se ve marcado por la necesidad de crear marcos legales que garanticen el respeto a los derechos humanos y la justicia en un mundo cada vez más digitalizado.
A nivel global, se observa una tendencia hacia la armonización legislativa, buscando establecer principios comunes que rijan aspectos transnacionales. En este esfuerzo, se trabaja en el diseño de normativas internacionales que puedan ser implementadas y respetadas en múltiples jurisdicciones, facilitando así el comercio, la cooperación y el intercambio cultural. Además, el derecho positivo tiene el desafío de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los distintos contextos locales sin perder su esencia y objetivos fundamentales.
Las tecnologías emergentes, como el blockchain y la inteligencia artificial, representan un área de especial interés en la evolución del derecho positivo. La regulación de estas tecnologías presenta desafíos significativos en términos de privacidad, propiedad intelectual y ética. Asimismo, la creciente conciencia sobre el impacto ambiental de las actividades humanas está impulsando el desarrollo de un derecho ambiental más sólido y exigente, que promueva la sustentabilidad y proteja los recursos naturales para futuras generaciones.
El enfoque hacia el futuro del derecho positivo también incluye una mayor participación ciudadana en los procesos legislativos, a través de herramientas digitales que facilitan la recolección de opiniones y la colaboración en la creación de las leyes. Por lo tanto, se proyecta una era donde la legislación no solo sea más reactiva y adaptativa, sino también más incluyente y representativa de la pluralidad de la sociedad.
